La condena del fiscal general Álvaro García Ortiz genera fracturas en el Tribunal Supremo y reacciones políticas intensas
La inhabilitación de dos años por revelación de secretos pone en jaque al Gobierno y revela divisiones internas en la justicia.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Esta decisión ha generado reacciones intensas en el ámbito político y judicial, poniendo de manifiesto divisiones en el poder judicial español.